Alfonso es socio del área de Litigio Fiscal, con más de 15 años de experiencia, se especializa en asesorar a clientes nacionales e internacionales en la gestión estratégica de controversias fiscales de alta complejidad.

Su práctica se centra en el diseño e implementación de estrategias de defensa frente a autoridades fiscales federales y locales, incluyendo la interposición de medios de defensa y la conducción de litigios ante instancias administrativas y judiciales. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en procedimientos de mediación ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), así como en la atención de auditorías fiscales y la asesoría estratégica en la interpretación y aplicación de disposiciones fiscales.

Alfonso se distingue por su capacidad para combinar un profundo conocimiento técnico con un enfoque pragmático y orientado al negocio, lo que permite a sus clientes gestionar riesgos de manera eficiente y tomar decisiones informadas en contextos de alta sensibilidad. Su práctica lo posiciona como un asesor de confianza en disputas fiscales, donde convergen consideraciones legales, financieras y operativas.

Es egresado de la Universidad Panamericana, donde también cursó la Especialidad en Derecho de Amparo y la Maestría en Derecho Fiscal, además, cuenta con un diplomado en Contabilidad y Finanzas por el ITAM.

Membresías y Asociaciones

Alfonso es socio del área de Litigio Fiscal, con más de 15 años de experiencia, se especializa en asesorar a clientes nacionales e internacionales en la gestión estratégica de controversias fiscales de alta complejidad.

Contenido

En 2025, Alfonso colaboró en un artículo de opinión con Lexlatin: “La SCJN analiza el retorno virtual en operaciones bajo el IMMEX, ¿debe pagarse doble el IVA?”, donde señala la ficción jurídica del retorno virtual debe aplicarse de forma integral: si la mercancía se considera retornada al extranjero, su enajenación también debe entenderse fuera de México. Además, afirma que un criterio distinto generaría distorsiones fiscales y podría implicar un doble pago de IVA, afectando la seguridad jurídica y la eficiencia de las operaciones.