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Reforma a la Ley de Inversión Extranjera: Escrutinio de Seguridad Nacional


CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 19 de noviembre, 2026  – El día de hoy, 19 de noviembre de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera” (el “Decreto” y la “Ley”, respectivamente), que adiciona a la Ley un Título Sexto Bis en materia de seguridad nacional en las inversiones extranjeras. El Decreto entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026 y su aspecto de mayor alcance es que la adquisición, por parte de inversión extranjera, de más del 49% del capital social de sociedades mexicanas dedicadas a ciertas actividades consideradas sensibles quedará sujeta a la resolución favorable previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (la “Comisión”). Destacan:

I. Operaciones Sujetas a Escrutinio: Por razones de seguridad nacional, el nuevo artículo 30 Bis de la Ley exige resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en más del 49% del capital social de una sociedad mexicana, siempre que (i) el valor total de los activos de dicha sociedad, al momento de someter la solicitud, rebase el monto que la Comisión determine mediante resolución general (el “Umbral”); y (ii) su actividad económica sea alguna de las que la Ley enumera (las “Actividades Sensibles”). Al comprender la participación indirecta, el supuesto podría alcanzar operaciones celebradas en el extranjero, como la transmisión de sociedades controladoras, que impliquen un cambio en la tenencia de subsidiarias mexicanas. La Ley no distingue entre adquisiciones nuevas y reestructuras dentro de un mismo grupo, ni precisa el tratamiento de quien ya es titular de más del 49% e incrementa su participación, o de la constitución de nuevas sociedades, aspectos que deberán aclararse en el Reglamento de la Ley (el “Reglamento”).

II. Actividades Sensibles: Son Actividades Sensibles (i) las infraestructuras estratégicas, físicas o virtuales, incluidas las vinculadas con los sectores energético, de transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa e instalaciones sensibles, así como los terrenos e inmuebles indispensables para su uso; (ii) las tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, las nanotecnologías y las biotecnologías; (iii) el suministro de insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, así como la seguridad alimentaria; (iv) el acceso a información sensible, en particular datos personales, o la capacidad de controlar dicha información; y (v) las demás actividades o sectores análogos que determine la Comisión mediante resolución general. El catálogo es abierto y utiliza conceptos que la Ley no define, como “información sensible” o “instalaciones sensibles”. En particular, el supuesto relativo a datos personales podría comprender a sociedades de sectores muy diversos, como el financiero, de salud, de telecomunicaciones, de comercio electrónico o de centros de datos, por lo que su alcance dependerá de los criterios que adopte la Comisión.

III. Umbral de Activos y Presentación Voluntaria: La Comisión deberá emitir y publicar la resolución general que fije el Umbral en un plazo no mayor a 180 (ciento ochenta) días naturales contado a partir del día siguiente a la publicación del Decreto, plazo que, conforme a nuestro cómputo, vencería el 18 de mayo de 2027. Mientras el Umbral no se publique, no es posible determinar con certeza qué operaciones requerirán la resolución favorable de la Comisión. Cuando los activos de la sociedad mexicana no superen el Umbral, pero la participación que se pretenda sea superior al 49%, la presentación de la solicitud será voluntaria. La Ley no señala los efectos de presentar o no dicha solicitud voluntaria ni si la Comisión podrá revisar con posterioridad las operaciones que no le hayan sido sometidas.

IV. Procedimiento de Autorización: Conforme a los artículos 30 Ter y 30 Quater, la solicitud deberá presentarse ante la Secretaría Técnica de la Comisión de manera conjunta por la sociedad mexicana y el inversionista extranjero, por lo que la cooperación de la sociedad objetivo será indispensable. La Comisión deberá resolver dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud y comunicará el sentido de su resolución a través de la Secretaría de Economía (la “Secretaría”). A diferencia del régimen general, en el que la falta de resolución en plazo implica la aprobación de la solicitud, en los asuntos de seguridad nacional no opera la afirmativa ficta. La Ley no establece la consecuencia del silencio de la Comisión en estos casos y remite de manera supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que no deberá asumirse que el transcurso del plazo permite cerrar la operación. Los requisitos y la documentación de la solicitud quedarán sujetos al Reglamento, para cuya reforma el Decreto no fija plazo.

V. Sentido de la Resolución: Conforme al artículo 30 Quinquies, la Comisión podrá (i) determinar la inexistencia de riesgos o amenazas a la seguridad nacional y declarar viable la adquisición; (ii) sujetar la adquisición a la modificación del proyecto para mitigar el riesgo, a cargo de las partes involucradas; o (iii) impedir la adquisición. En los dos primeros casos, la resolución incluirá términos y condiciones específicos, que podrán implicar reportes periódicos a cargo de las partes y la evaluación del cumplimiento del orden jurídico nacional. En congruencia, la existencia de riesgos o amenazas a la seguridad nacional se incorpora como criterio de evaluación de las solicitudes. La Ley no define qué debe entenderse por riesgo o amenaza a la seguridad nacional para estos efectos, lo que otorga a la Comisión un margen amplio de apreciación.

VI. Integración y Funcionamiento de la Comisión: Se incorporan a la Comisión las personas titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En las sesiones en las que se traten asuntos de seguridad nacional serán invitadas permanentes, con voz pero sin voto, las personas titulares de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera. En estos asuntos, las personas integrantes no podrán abstenerse de votar y los acuerdos se tomarán por mayoría de las personas integrantes de la Comisión. La Comisión podrá sesionar de manera extraordinaria en cualquier momento para cumplir los plazos legales y deberá enviar al Congreso de la Unión un informe semestral de su gestión en materia de seguridad nacional.

VII. Sanciones y Desinversión: Conforme al artículo 38 de la Ley, se sancionará con multa de 5,000 (cinco mil) a 200,000 (doscientas mil) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (la “UMA”), equivalente al valor vigente en 2026 a un rango aproximado de $586,550.00 a $23,462,000.00 pesos, (i) la transmisión de la participación accionaria al inversionista extranjero a pesar de la negativa de la Comisión o sin haber obtenido previamente su resolución favorable; y (ii) el incumplimiento de las acciones de mitigación del riesgo dispuestas por la Comisión. En el primer supuesto, el texto de la Ley dirige la multa a la sociedad mexicana. Adicionalmente, la Comisión podrá determinar la desinversión, en cuyo caso otorgará al inversionista extranjero un plazo de 90 (noventa) días hábiles, prorrogable por un periodo igual, para desincorporar los activos adquiridos, conforme a un procedimiento que la Ley no regula. Por ello, la resolución de la Comisión debe tratarse como un requisito previo al cierre y no como un trámite posterior.

VIII. Régimen Transitorio: Los asuntos que se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor del Decreto se atenderán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. El Decreto no contiene una regla expresa para las operaciones firmadas y pendientes de cierre que no hayan requerido someterse a la Comisión conforme al régimen anterior, por lo que su situación deberá analizarse caso por caso, considerando además que el Umbral aún no ha sido determinado.

IX. Implicaciones para Operaciones de Fusiones y Adquisiciones: El análisis del Título Sexto Bis deberá realizarse desde el inicio de cualquier operación en la que una entidad extranjera vaya a adquirir, directa o indirectamente, más del 49% de una sociedad mexicana, es decir, desde la etapa de carta de intención o de hoja de términos y antes de la firma, a la par del análisis de concentraciones ante la Comisión Nacional Antimonopolio. Para las operaciones que involucren Actividades Sensibles, el Decreto tendrá efectos en distintos frentes: (i) análisis inicial, para confirmar la actividad de la sociedad objetivo y de sus subsidiarias frente al catálogo del artículo 30 Bis, el valor total de sus activos frente al Umbral, una vez publicado, y las adquisiciones indirectas que resulten de la transmisión de sociedades controladoras en el extranjero; (ii) auditoría legal, que deberá comprender los activos de datos de la sociedad objetivo, la información y los datos personales que trata y sus tecnologías de doble uso; (iii) condiciones de cierre, al ser recomendable prever la resolución favorable de la Comisión como condición suspensiva, con obligaciones de cooperación para la presentación conjunta de la solicitud y una asignación expresa del riesgo de negativa o de condiciones de mitigación, mediante el nivel de esfuerzos exigible a las partes, penas por terminación y una fecha límite de cierre; (iv) calendario, ya que, al no existir afirmativa ficta, el periodo entre firma y cierre deberá considerar al menos los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles de resolución, equivalentes a entre nueve y diez semanas, más el tiempo de preparación de la solicitud; (v) financiamiento y garantías, pues la ejecución de prendas sobre acciones o de fideicomisos de garantía en favor de acreedores extranjeros podría actualizar el supuesto; y (vi) operaciones en curso, respecto de las cuales convendrá evaluar la conveniencia de una presentación voluntaria una vez que se cuente con el Umbral y con las reglas del Reglamento.

El alcance práctico del Decreto dependerá de la resolución general que fije el Umbral, de la reforma al Reglamento y de los criterios con los que la Comisión interprete las Actividades Sensibles. En este contexto, será recomendable que los inversionistas extranjeros y las sociedades mexicanas con operaciones en curso o en planeación identifiquen desde ahora si su actividad podría ubicarse en alguno de los supuestos de la Ley y ajusten sus calendarios y documentos de la operación en consecuencia.

En SMPS Legal, S.C. estamos comprometidos con asesorar a nuestros clientes en el análisis de sus operaciones frente al Decreto y en el seguimiento de la regulación secundaria que derive de él.

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